Los deberes de Rajoy
El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy tiene por delante una legislatura en cuya agenda sobresale, de manera estridente, la nota económica. El periodismo y los medios de comunicación como sector de doble perfil, empresarial y de servicio público, afrontan un futuro complicado, incluso incierto y agonizante a decir de los más agoreros. El tablero en el que el nuevo Gobierno ha de mover sus fichas contiene enroques pendientes, capturas al paso y jaques mates de urgente resolución.
Mariano Rajoy eligió una comparecencia sin preguntas para anunciar la composición de su Gobierno. Implicados en una campaña liderada por la FAPE contra la injerencia del poder político en la función informativa (#sinpreguntasnocobertura) -vía ruedas de prensa sin preguntas, productos enlatados y bloques electorales, entre otras triquiñuelas-, los informadores acusaron la manera en que el nuevo presidente del Gobierno se presentó ante ellos: sin preguntas. Llovía sobre mojado, sobre un gremio que pasa por horas bajas.
La profesión periodística atraviesa una crisis histórica. El sector coquetea con la quiebra empresarial sorteando un reguero de cierre de medios y suspensión de pagos en los grupos de comunicación que pone los pelos de punta. ADN baja la persiana, Público presenta concurso de acreedores, Canal Nou prescinde de dos tercios de sus 1.800 empleados, Prisa suprimirá este trimestre 448 puestos de trabajo de los 2.541 recortes contemplados en su Plan de Eficiencia Corporativa, y Avui llegará a los quioscos y a las terminales de los lectores producido por 51 trabajadores menos de sus 394 en plantilla tras el expediente de regulación de empleo que, al cierre de este número, negocian sus propietarios.
Tiempo antes de la tormenta perfecta en lo que se ha convertido esta sucesión de crisis económicas y recesiones varias, la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega se comprometió con periodistas y editores a estudiar un eventual plan de ayudas a la prensa, imitando el modelo francés puesto en marcha por el presidente Nicolás Sarkozy en 2009. La propuesta, reeditada por Alfredo Pérez Rubalcaba al asumir la Vicepresidencia del Gobierno, quedó en agua de borrajas y, entre actos, el sector entró en barrena lastrado por una caída continuada de los ingresos publicitarios (42,9%, según el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2011, publicado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y de las ventas (14,2%, de acuerdo a las mismas fuentes), desde las primeras señales de la crisis en 2007.
“Los medios de comunicación no son un sector económico más”, argumenta Paco Audije, miembro de la Ejecutiva de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) para reclamar la mediación del Estado en esta crisis. Coincidente, Mariano Rivero, coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, entiende que el Gobierno “tendría que abrir una mesa de diálogo con todos los actores implicados para abordar la situación, sin eludir su responsabilidad y afrontar sin complejos los apoyos económicos a un sector claramente en crisis y clave para mejorar la calidad democrática de España”.
Las ayudas a la prensa generan suspicacias por la idea preconcebida de que podrían poner en duda la sobrentendida independencia del periodismo. En todo caso, la FAPE las condiciona al mantenimiento del empleo y excluye de su beneficio a quienes publican anuncios de prostitución por entender que atentan contra la dignidad de las personas, como reiteró en su manifiesto Sin periodistas no hay periodismo, difundido el 10 de enero pasado, en el que insiste en recuperar el dictamen del Consejo de Estado, de marzo de 2011, donde se considera “plausible prohibir o, al menos, limitar” este tipo de publicidad.
Pese a la austeridad de las cuentas públicas, “los poderes públicos, Gobiernos y Parlamento, deben velar y administrar medidas para garantizar que los medios de comunicación y sus profesionales desarrollen su actividad, que en definitiva es un servicio público esencial, sin interferencias de quienes pretendan condicionarla o mediatizarla”, se suma Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.
Los editores españoles están de retirada. Acuciados por la crisis económica e incapaces de encontrar un modelo de negocio rentable, cosechan las últimas ganancias de un sector que disfrutó de las vacas gordas con un incremento del 6% de la facturación anual entre 2005 y 2007.
“El frágil ecosistema de los medios en nuestro país es cada vez más pequeño y con ello también se empequeñece el libre ejercicio del periodismo y el derecho que tienen los ciudadanos a una información plural y democrática”, aduce Mariano Rivero, coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT. Las plantillas adelgazan hasta perder, incluso, el espíritu. Elsa González espetó a Bieito Rubido que con redacciones escuálidas no se hace periodismo de calidad,al asegurar el director de ABC que sobran la mitad de los periodistas durante su intervención en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre pasado.
Aunque tardó en concienciarse, la industria pretendió avanzar en dos años lo que no anduvo en diez. La contemporaneidad digital le agarró con el pie cambiado, pero confió en subirse al tren e ideó algunas fórmulas poco rentables para obtener rentabilidad: apostó por prejubilar a los veteranos y más experimentados, redujo las plantillas hasta su mínima esencia, sobrecargando de tareas a quienes mantienen su puesto de trabajo, sustituyó a los maestros por becarios, que trabajan a destajo para suplir la falta de personal y recurrió a los despidos masivos, que en el mundo de lo políticamente correcto se llaman expedientes de regulación de empleo (ERE).
Dinamita para la profesión. Desde noviembre de 2008, el sector de los medios de comunicación en España ha destruido 4.841 empleos; 1.677 en el último año, según datos del Observatorio de la Crisis de la FAPE. La sangría no se detiene en 2012 a juzgar por los planes anunciados por algunas empresas periodísticas españolas y que supondrán la destrucción de otros 1.000 empleos periodísticos en el primer trimestre del año. Prisa cargará con el grueso de los despidos con 258 salidas en Prisa Radio, 190 despidos en Prisa TV, 120 efectuados en 2011, y 700 procedentes de externalizaciones. Unidad Editorial mantiene asimismo a una veintena de trabajadores, que antes prestaban servicios para Veo7 y que ahora preparan vídeos para Elmundo.es y Marca.com, pendientes de su futuro laboral, según el Observatorio de la Crisis de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
El último de la fila
Para los consultados en este reportaje, la primera urgencia legislativa que debe afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de comunicación y periodismo pasa por resolver la ausencia de una normativa sobre transparencia y acceso a la información pública. España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que carece de regulación al respecto. La FAPE lo valora como “un derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de nuestra democracia”. Así es también para Malén Aznárez, presidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), y para el lobby de la Coalición Pro Acceso, constituido al efecto. Pero la aprobación de una norma sobre transparencia, que José Luis Rodríguez Zapatero llevó en sus programas electorales de 2004 y 2008, Alfredo Pérez Rubalcaba apuró a finales de 2011 y a la que Mariano Rajoy se comprometió si ganaba las elecciones, solo hace méritos entre borradores.
El hueso de esta legislatura tiene, sin duda, formato audiovisual. El Gobierno, que ya ha recortado en 200 millones de euros del presupuesto de RTVE, abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas mediante un anteproyecto de ley que permitirá a las comunidades elegir “libremente” la forma de gestión de los canales públicos regionales, según anunció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 13 de enero. Bajo el mismo sombrero de austeridad, el PP propuso integrar la agencia EFE en RTVE, plan del que se desconocen los detalles y que exige el beneplácito del Consejo de Administración de la corporación, descabezado a falta de nombrar un presidente tras la dimisión de Alberto Oliart en julio, y “pendiente de la renovación de la mitad de sus miembros, de acuerdo con la ley 17/2006, artículo 12, cuyo mandato concluyó”, como recordaron la FAPE y la APM tras el polémico intento de “control político” y “censura previa” -en palabras de su Consejo de Informativos- sobre los contenidos de la cadena pública, en septiembre.
Vista como una estratagema para atar en corto la independencia periodística, la reforma de la LOREG que conllevó la imposición de bloques electorales a las televisiones privadas en febrero puso en pie de guerra a periodistas y editores frente a una norma contra la que FAPE y la APM pidieron el amparo de la Defensora del Pueblo alegando su inconstitucionalidad. “Reduce el derecho de los ciudadanos a una información veraz y sustituye la información por propaganda”, denuncia vehemente Malén Aznárez, de RSF.
En el apartado de organismos, el PP manifestó durante la campaña electoral su intención de abortar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, previsto en la Ley General Audiovisual de 2010, y sustituirlo por un “organismo regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual”, según figura en su programa de Gobierno.
También en la casilla de los debes, los periodistas reclaman el reconocimiento moral y económico de sus derechos de autor como creadores de contenidos que son, y la FAPE insiste en introducirlos en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que prepara el Gobierno, acreditando el Informe para un Mercado Único de la Propiedad Intelectual, de mayo de 2011, donde la Comisión Europea subraya que los periodistas “son los autores” y su trabajo “es importante” no solo porque “difunden, comentan o interpretan el mundo en que vivimos”, sino también porque la libertad de prensa es un “testimonio vivo” de la sociedad europea.
Los acuerdos suscritos por editores y periodistas en el marco de la Declaración de Madrid, aprobada durante la Presidencia española de la Unión Europea en junio de 2010, quedaron en papel mojado, por lo que la demanda de un reconocimiento efectivo de los derechos de autor de los periodistas continuará siendo uno de los principales caballos de batalla de la FAPE.
Deontología
La dictadura de las audiencias, intensificada por la crisis económica y de modelo que atraviesa el sector, ha estrechado los lazos entre el periodismo y las leyes del mercado. “En un momento u otro habrá que aceptar las derivas éticas de una cierta concepción de la televisión del talonario y estrellato”, advierte Paco Audije, de la FIP.
Con menos de seis meses de andadura, la Fundación para la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE pretende comprometer a todos los agentes implicados en el periodismo (profesionales, editores, administración, académicos y docentes) en la promoción de unos altos estándares éticos y deontológicos. “La realidad no puede ni debe reducirse a un mero entretenimiento” es una de las sentencias del manifiesto Sin periodistas no hay periodismo.
Con menos de seis meses de andadura, la Fundación para la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE pretende comprometer a todos los agentes implicados en el periodismo (profesionales, editores, administración, académicos y docentes) en la promoción de unos altos estándares éticos y deontológicos. “La realidad no puede ni debe reducirse a un mero entretenimiento” es una de las sentencias del manifiesto Sin periodistas no hay periodismo.
Así las cosas, la FAPE propone un debate serio y riguroso sobre la salud de la profesión. “Para analizar los problemas de los medios, las dificultades económicas que atraviesan y buscar soluciones para un sector que sufre una sangría constante que no se sabe como cortar”, comenta conforme con la propuesta Carmen Enríquez, presidenta del Club Internacional de Prensa. “Es urgente que el Gobierno se dé cuenta de la gravedad de la crisis en el ámbito de los medios y abra un diálogo tanto con las empresas como con los profesionales que no empañen ni su libertad ni su independencia ni, también muy importante, su imagen”, agrega Diego Carcedo, de la APE. “El gobierno tiene que dialogar con las organizaciones de periodistas, con los sindicatos, con la sociedad civil. En medio de la cacofonía actual, los medios de comunicación siguen siendo un elemento delicado de la democracia”, le sigue Paco Audije, de la FIP.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo desaparece uno de los puntales de la democracia a decir de Carl Bernstein, un órgano de democracia directa según Walter Lippman, un elemento de control político para Alain Tourain, la garantía para la libertad de una nación en opinión de Benjamin Franklin. Que no se pierda.

















